Amigos del gobierno, enemigos de las defensoras de derechos humanos... 

A finales de octubre y comienzos de noviembre llegó a los correos electrónicos de varias organizaciones de población víctima de desplazamiento forzado y organizaciones de derechos humanos un correo electrónico titulado “Quinto Boletín Electrónico Aguilas Negras”, firmado por el autodenominado Bloque Metropolitano, en el cual se amenaza de muerte a quienes “... se oponen a las políticas de búsqueda de soluciones a los desplazados planteadas por el gobierno...” que, según ellos, “... se cubren el rostro... bajo el paradigma de defensores de derechos humanos...”, coincidiendo en esto último con las palabras que ha utilizado en varias ocasiones el presidente Alvaro Uribe.     

De la larga lista de más de 160 personas y algunas organizaciones amenazadas, se destaca la presencia de un gran número de mujeres que lideran o forman parte de organizaciones que trabajan, con dignidad y con tesón, en la exigibilidad de sus derechos, vulnerados e incumplidos hasta la desesperación por parte del estado colombiano, tal como lo constató la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008. Casualmente algunas de ellas habían denunciado poco antes los atropellos y la estigmatización causados por funcionarias de Acción Social cuando intentaban organizar un encuentro nacional de mujeres víctimas de desplazamiento forzado.   

Estas amenazas fueron inmediatamente denunciadas públicamente y ante las entidades correspondientes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, como ha ocurrido con todas las denuncias elevadas anteriormente por hechos similares, la Fiscalía no ha presentado ningún resultado, ni siquiera ha informado haber iniciado una investigación, seguramente toda su capacidad investigativa estaba concentrada en la cirsence persecución a Nicolas Castro.

Consejo de Estado tutela derechos de familias desplazadas vulnerados por el Incoder y el Ministerio de Agricultura 

El 19 de noviembre de 2009, la Sección Segunda Subsección B de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, falló una acción de tutela impetrada por varias familias víctimas de desplazamiento forzado que habían sido reubicadas por el Incoder en la Finca San Jorge ubicada en la vereda Quebrada Negra del municipio de Cabrera en Cundinamarca. 

En el estudio de la acción de tutela el alto tribunal constató nuevamente las irregularidades practicadas por el Incoder en el proceso de adjudicación del Programa de Subsidio Integral de Tierras para la población desplazada. Mientras el Ministerio de Agricultura elabora mecanismos para dejar las mejores tierras del país a los empresarios y terratenientes y a ellos mismos les entrega subsidios multimillonarios, a las víctimas del desplazamiento forzado pretende engañarlas con tierras improductivas e inaccesibles y créditos minúsculos, que no son efectivos para promover su estabilización socioeconómica, como se ha demostrado en múltiples ocasiones.  

En el caso en estudio varias familias víctimas de desplazamiento forzado, se vieron obligadas a solicitar la tutela de sus derechos a la vida digna, a la integridad, a la salud, etc, ya que el predio donde el gobierno pretendió reubicarlas no cuenta siquiera con agua potable, no permite el desarrollo de la agricultura ni de la ganadería y no tiene vías de acceso. Esta situación fue constatada por la Procuraduría Agraria la cual además observó la necesidad de investigar “presuntas irregularidades cometidas en la compra del predio San Jorge” por parte del Incoder. 

Tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado constataron los fundamentos de hecho y de derecho planteados por las familias y por la Procuraduría, ordenando al Incoder y al Ministerio la adecuación del predio a las necesidades de los adjudicatarios o su reubicación en un predio con condiciones adecuadas.  

Nuevamente se constata la absoluta falta de voluntad política del gobierno colombiano para cumplir con sus obligaciones legales y para promover la realización de los derechos de la población desplazada, la cual solo es escuchada gracias a su organización y su movilización.  

Esperamos que este nuevo pronunciamiento judicial sea atendido y cumplido prontamente y no quede en letra muerta como tantos otros que protegen los derechos de la población y que el gobierno desatiende impunemente.  

Texto completo de la sentencia

Corporación Jurídica Yira Castro

La Contrarreforma

Semana.com – Nación

Dic 09 de 2009

SEMANA revela el primer inventario que se hace sobre los bienes rurales incautados a las mafias en los últimos 20 años. Hay datos escandalosos. Y su actual manejo enciende las alarmas sobre la urgencia de un timonazo en el tema.

Por primera vez en el país se conoce con certeza una cifra que hasta ahora había sido sólo una especulación por la falta de una base de datos. En cerca de dos décadas de política de incautación de bienes al crimen, el Estado ha decomisado fincas en un área equivalente al departamento de Caldas, o dos veces el departamento de Atlántico, o una tercera parte de Cundinamarca. Son 6.968 predios con una extensión de 789.000 hectáreas incautadas principalmente a narcotraficantes. Semejante cantidad de tierra pareciera a simple vista un importante logro en la lucha contra las mafias, pero al revisar los detalles de las cifras, surge tal cantidad de interrogantes, que lo que deja ver es un panorama desolador.

Basta dar tres ejemplos. Primero, a los grupos paramilitares sólo se les ha incautado 21.481 hectáreas, cuando varios estudios muestran cómo durante su régimen usurparon alrededor de dos millones de hectáreas, en una contrarreforma agraria que cada vez se hace más evidente. Segundo, la misma Fiscalía y los jueces especializados han devuelto la tercera parte de los predios a quienes se los incautaron. Y tercero, el desorden acumulado es tal, que hoy no se sabe en manos de quién están 215.000 de las hectáreas que están a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).