Consejo de Estado tutela derechos de la población desplazada en Guaimaro Magadalena

Importante pronunciamiento: La política pública de acceso a la tierra que protege a la población desplazada es imperativa para las actuaciones de las entidades responsables

La Corporación Jurídica Yira Castro, organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos que acompaña a la Asociación Nacional de Desplazados de Guaimaro Magdalena ASODEMUG en su proceso organizativo y de exigibilidad de sus derechos, pone en conocimiento de la opinión pública el fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado en diciembre de 2009, el cual constituye un importante avance conceptual en la definición del marco de interpretación al que tienen que someter las entidades públicas todas sus actuaciones, especialmente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas que orientan sus implicaciones sobre problemáticas como el desplazamiento, que vinculan “... no solo el litigio de los derechos que le asisten a cada una de las partes, sino intereses nacionales como la paz y el cumplimiento del Estado Social que impone la carta política de 1991.”

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NACE LA RED COLOMBIANA FRENTE A LA GRAN MINERIA TRANSNACIONAL

En el marco de la grave crisis económica, política y social que vive Colombia, los grandes capitales han continuado fortaleciendo sus métodos de acumulación en toda la geografía nacional, especialmente a partir de la política del gobierno nacional en la “Visión 2019: Colombia un país minero”, de entrega de nuestras riquezas naturales y minerales a las transnacionales.

Este proceso de concentración de la riqueza, que implica fundamentalmente la apropiación de los territorios que garantizan la sostenibilidad de las diferentes poblaciones de Colombia, ha generado un sinnúmero de conflictos, que derivan en una fuerte militarización, la exacerbación de las confrontaciones armadas, la violación de los derechos humanos, la sobrexplotación y pauperización de las comunidades y trabajadores, la degradación del entorno ambiental y en fenómenos de corrupción generalizada, que deterioran los procesos de participación y decisión construidos en las regiones.

Según las fuentes oficiales, a finales del año anterior el gobierno ha entregado cerca de 5 millones de hectáreas en concesión a las empresas mineras transnacionales, y están solicitadas otras tantas, mas de las que se están destinando para la agricultura. Al tiempo que la inversión extranjera en minería entre 2002 y 2009 aumentó en más de un 500%, el aporte al empleo. se redujo.

CORPORACIÓN SISMA MUJER

Comunicado de prensa

Enero 27 de 2010 

NUEVAS AMENAZAS CONTRA LIDERESAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE SUS DERECHOS. 

Nuevamente la Corporación SISMA MUJER y el Observatorio de los “Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia: en situación de desplazamiento forzado las mujeres también tienen derechos”[1][1] denuncian ante la opinión pública nacional e internacional y rechazan de manera vehemente las graves amenazas de las que están siendo víctimas las lideresas, líderes sociales y organizaciones de derechos humanos que trabajan a favor de la exigibilidad y protección de los derechos de la población en situación de desplazamiento. 

El día de hoy fue recibido en el correo institucional de la Corporación SISMA MUJER el Séptimo Boletín Águilas Negras que contiene graves amenazas contra la vida de varios líderes y lideresas en situación de desplazamiento. En este contexto, resulta altamente preocupante la afectación diferenciada y desproporcionada de la que están siendo víctimas las mujeres  articuladas al proceso del Observatorio de los derechos humanos de las mujeres en Colombia y a la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada. Además esta misiva señala como objeto de un plan de “aniquilación” a diferentes organizaciones sociales, entre ellas la Corporación SISMA MUJER. 

La gravedad y sistematicidad de las amenazas y ataques en contra de la población en situación de desplazamiento, y en particular de los hombres y mujeres que ejercen el liderazgo a favor de la protección de sus derechos afecta de manera profunda los procesos de empoderamiento político y exigibilidad de derechos como lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-.