"La protección de las víctimas del desplazamiento forzado y las obligaciones a cargo de las entidades del Estado de efectuar reparación a través de programas que permitan efectivamente materializar la asistencia necesaria para normalizar esta irregular situación", sostuvo la Procuraduría en un comunicado. 

Para Alejandro Ordóñez, la asignación de territorios en estas condiciones desborda las exigencias que la misma Constitución le señala a los entes estatales en la protección de los derechos de personas tan vulnerables, como lo son los desplazados. 

"No es constitucionalmente suficiente ni admisible entregarles a las personas que han sufrido el horror del desplazamiento forzado cualquier pedazo de tierra, para salir del paso, y con ello predicar que el Estado cumplió", sostuvo.