Consejo de Estado tutela derechos de familias desplazadas vulnerados por el Incoder y el Ministerio de Agricultura 

El 19 de noviembre de 2009, la Sección Segunda Subsección B de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, falló una acción de tutela impetrada por varias familias víctimas de desplazamiento forzado que habían sido reubicadas por el Incoder en la Finca San Jorge ubicada en la vereda Quebrada Negra del municipio de Cabrera en Cundinamarca. 

En el estudio de la acción de tutela el alto tribunal constató nuevamente las irregularidades practicadas por el Incoder en el proceso de adjudicación del Programa de Subsidio Integral de Tierras para la población desplazada. Mientras el Ministerio de Agricultura elabora mecanismos para dejar las mejores tierras del país a los empresarios y terratenientes y a ellos mismos les entrega subsidios multimillonarios, a las víctimas del desplazamiento forzado pretende engañarlas con tierras improductivas e inaccesibles y créditos minúsculos, que no son efectivos para promover su estabilización socioeconómica, como se ha demostrado en múltiples ocasiones.  

En el caso en estudio varias familias víctimas de desplazamiento forzado, se vieron obligadas a solicitar la tutela de sus derechos a la vida digna, a la integridad, a la salud, etc, ya que el predio donde el gobierno pretendió reubicarlas no cuenta siquiera con agua potable, no permite el desarrollo de la agricultura ni de la ganadería y no tiene vías de acceso. Esta situación fue constatada por la Procuraduría Agraria la cual además observó la necesidad de investigar “presuntas irregularidades cometidas en la compra del predio San Jorge” por parte del Incoder. 

Tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado constataron los fundamentos de hecho y de derecho planteados por las familias y por la Procuraduría, ordenando al Incoder y al Ministerio la adecuación del predio a las necesidades de los adjudicatarios o su reubicación en un predio con condiciones adecuadas.  

Nuevamente se constata la absoluta falta de voluntad política del gobierno colombiano para cumplir con sus obligaciones legales y para promover la realización de los derechos de la población desplazada, la cual solo es escuchada gracias a su organización y su movilización.  

Esperamos que este nuevo pronunciamiento judicial sea atendido y cumplido prontamente y no quede en letra muerta como tantos otros que protegen los derechos de la población y que el gobierno desatiende impunemente.  

Texto completo de la sentencia

Corporación Jurídica Yira Castro