Un recuento desde el Auto 219 de 2011, la participación de las víctimas y sus decretos reglamentarios 4801,4802, 4803, 4829 de 2011 y los problemas de participación en la población desplazada.
El Auto 219 de 2011 resuelve la adopción de un mecanismo de participación amplio y democrático para las organizaciones de población desplazada. La orden vigésimo cuarta ordena a Acción Social (actualmente Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas) “Presentar un informe para noviembre 08 de 2011, sobre la metodología de trabajo y coordinación interinstitucional nacional y territorial, los espacios y mecanismos de garantía a la participación de las organizaciones de la población desplazada y de las organizaciones sociales que han acompañado el proceso de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, las actividades y el cronograma acelerado bajo los cuales: avanzará por el plazo máximo de seis meses”, hoy mayo 11 de 2012 el plazo para desarrollar dichas acciones ha vencido, hagamos un recuento de los compromisos del Gobierno, el estado actual de la participación de la población desplazada a nivel nacional y de la situación actual de implementación de la ley de víctimas.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó, en diálogo con Caracol Radio, que sí se reunió con el expresidente Álvaro Uribe pero es un tema que, según él, “prefiero no abordar”.
“Yo entiendo los intereses de saber, pero entiéndame que para mí es complicado contar todo esto por favor entiendan….”, manifestó.
El exjefe de las autodefensas advirtió que se le entregó dinero a Jairo Andrés Angarita, conocido con el alias de ‘comandante Andrés’ para que contratara la logística para trasladar votantes y hacer publicidad a favor de la reelección de Álvaro Uribe en 2006.
Opinión de la Corporación Jurídica Yira Castro, sobre Proyecto de reforma a la justicia Penal Militar: Fortalecimiento del fuero penal militar
Viernes, 11 de Mayo de 2012 11:15 |
Una reforma constitucional, que pretende fortalecer la justicia penal militar y crear una justicia policial, la cual podría asumir investigaciones por delitos por fuera de lo que se ha construido como competencia de la jurisdicción castrense y de la que se han exceptuado por mandato constitucional y legal, hasta ahora, las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones al DIH. Entre lo que se plantea, está la creación de: 1-Un fuero carcelario para militares con el fin de que no terminen detenidos con delincuentes comunes. 2-Un tribunal de garantías donde se busca una composición equilibrada entre miembros de la Fuerza Pública y miembros de la población civil. 3-La defensoría técnica militar adscrita al ministerio de Defensa. 4-Un fondo para alimentar económicamente la misma defensoría. Esta iniciativa, ya fue aprobada en el segundo de ocho debates, en la plenaria de la Cámara de Representantes, así que el camino hacia la impunidad sigue su rumbo. Pasará ahora al Senado, para aprobarse en sus cuatro primeros debates antes del próximo 20 de junio, cuando se cierran las sesiones del Congreso (I periodo).